El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, dice que recuperará el dinero de las pensiones atrapado en la intervención del Banco Ueno. La crisis forzó la salida del cargo de Santiago Peña y ha dejado a unos 7.000 personas sin trabajo en Paraguay y en el exterior.
El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, dijo el martes que recuperar los fondos de pensiones depositados en el Banco Ueno será una prioridad para su gobierno. La intervención de la entidad financiera ha puesto en riesgo unos 800 millones de dólares (alrededor de 716 millones de euros) de organismos públicos, incluido dinero de cinco fondos de jubilación. También desató una crisis política que terminó con la destitución de Santiago Peña.
El Instituto de Previsión Social (IPS) está entre las instituciones afectadas. Gestiona las pensiones y parte de los servicios de salud del país. Los trabajadores y jubilados están cada vez más inquietos por si el dinero regresará.
Alliana, que asumió el cargo el viernes pasado, ha prometido proteger los ahorros de los ciudadanos y actuar con rapidez en las compensaciones una vez que el banco quebró.
Casi el 95% de los ahorristas ha cobrado
Según el presidente, unos 1,74 millones de depositantes han recibido un total de 330 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. El gobierno espera terminar los reembolsos restantes que exige la ley de emergencia que el Congreso aprobó el miércoles 11 de noviembre.
Esos pagos no significan que todos los clientes vayan a recuperar todos sus ahorros. El esquema de garantía cubre hasta unos 38.600 dólares (aproximadamente 34.575 euros) por depositante, y los primeros anticipos tienen un tope de alrededor de 20.000 dólares.
Para muchos titulares de cuentas, el dinero que llega es el primer alivio después de días sin saber qué pasaría. "Por fin me transfirieron el dinero que me faltaba", dijo a la AFP Rosario, una clienta de 45 años que pidió que no se usara su apellido.
Una crisis bancaria que derribó al presidente
La intervención del Banco Ueno desató grandes protestas. Los manifestantes exigían la devolución de sus depósitos y pedían la salida del entonces presidente Santiago Peña, que tenía vínculos con la entidad.
La presión política y social fue creciendo hasta que el Senado lo destituyó en un juicio político. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió el gobierno y aceleró los pagos de compensación a través del fondo de garantía.
La crisis también ha golpeado el empleo. La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, dice que hasta 7.000 personas han perdido su trabajo en empresas vinculadas al banco en Paraguay, México, Nicaragua, Argentina y Panamá.
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Fuente: euronews.com














